Esta guerra fue un conflicto donde abundaron los hechos de verdadero salvajismo detrás del campo de batalla.
La primera guerra carlista se dio entre 1833 y 1840, y fue la más violenta y dramática de todas ellas. No solo fue una guerra civil, sino que también tuvo su proyección exterior: las potencias absolutistas (Austria, Rusia y Prusia) y el Papado, apoyaron de una forma u otra, más o menos abiertamente, al bando carlista; mientras que Inglaterra, Francia y Portugal secundaron la causa isabelina, materializándose en el Tratado de la Cuádruple Alianza (1834).
Los primeros brotes armados estallaron al día siguiente de la proclamación de Isabel como reina, a fines de septiembre de 1833. Hubo levantamientos en Talavera y Valencia, seguidos por otros en Castilla, Navarra y las provincias vascas, en forma de partidas rurales organizadas por Zumalacárregui, sin lugar a dudas, el mejor general carlista. En noviembre ya había guerra abierta en Euskadi y el norte de Cataluña. A estas zonas se sumaron partidas de guerrilleros en Aragón, el Maestrazgo, Galicia, Asturias y La Mancha. Esta fase de la guerra, de fuerte iniciativa carlista, finalizó con la muerte de Zumalacárregui en el asedio de Bilbao en julio de 1835.
La segunda etapa de la guerra discurrió entre julio de 1835 y octubre de 1837. Destacaron las expediciones del general Cabrera, pero la acción más espectacular de esta fase fue la Expedición Real, encabezada por Carlos María Isidro, Carlos V para los carlistas. Su objetivo era imponer un pacto a la regente María Cristiana en un momento de debilidad ante la sublevación de La Granja. Las tropas carlistas llegaron a las puertas de Madrid en septiembre de 1837, pero Espartero obligó a los carlistas a retirarse. Este hecho marcó un punto de inflexión en la guerra.
De octubre de 1837 a agosto de 1839 tuvo lugar la tercera etapa de la guerra, que acabó con el triunfo de las tropas gubernamentales. En el seno del carlismo surgió una división entre los más conservadores, conocidos como apostólicos, destacándose entre ellos el obispo de León; y los moderados, con el general Maroto como principal líder, partidarios de negociar y llegar a un acuerdo honroso con el enemigo. Esta fue la postura que terminó por triunfar, lo que permitió firmar el Convenio de Vergara el 29 de agosto de 1839, entre los generales Espartero y Maroto. En él se prometía el mantenimiento de los fueros vascos y el reconocimiento de los oficiales del Ejército carlista. Espartero, posteriormente en el poder, lo incumpliría. El rechazo de este acuerdo por parte del sector apostólico y del propio don Carlos, prolongó la guerra en Cataluña y Aragón hasta que las tropas del general Cabrera fueron derrotadas en Morella en junio de 1840.
La segunda guerra carlista (1846-1849) no tuvo ni el impacto ni la violencia de la primera, pero terminó por prolongarse de forma intermitente y como guerrilla hasta 1860. El principal escenario estuvo localizado en el campo catalán. En esta ocasión, el pretendiente era Carlos VI, hijo de Carlos María Isidro.
El carlismo no desapareció. Se planteó otra guerra en pleno Sexenio Democrático, liquidada al comienzo de la Restauración y, posteriormente, se convirtió en una corriente política con variaciones, ramificaciones y adecuaciones a los nuevos tiempos.
El conflicto carlista, casi permanente durante la primera mitad del reinado de Isabel II, tuvo importantes repercusiones, comenzando por su alto coste en vidas humanas. Supuso la definitiva inclinación de la Monarquía española hacia el liberalismo. El agrupamiento de los absolutistas en torno a la causa carlista convirtió a los liberales en el único apoyo al trono de Isabel II. Las guerras carlistas convirtieron a los militares en elementos fundamentales para la defensa del sistema liberal. Los generales, conscientes de su importancia, se acomodaron al frente de los partidos y se erigieron en árbitros de la política, utilizando, además, el recurso del pronunciamiento. La guerra fue una losa económica. Estas dificultades condicionaron la orientación de ciertas reformas, como las desamortizaciones.
En relación con la cuestión foral, conviene señalar que en 1834 Canga Argüelles había establecido que las provincias vascas y Navarra serían consideradas como «provincias exentas», llamadas así por las peculiaridades de su sistema fiscal. El Convenio de Vergara, como hemos visto, respetó los fueros y este especial sistema fiscal, pero para terminar con ciertas ambigüedades, en 1841 se estableció la denominada Ley «paccionada». Se establecía que las diputaciones forales asumirían las funciones de las diputaciones provinciales, creadas por la nueva estructura administrativa del Estado liberal. Pero la ambigüedad entre el respeto al foralismo y a las instituciones vascas y navarra y el centralismo acusado del liberalismo no terminó por resolver esta complicada situación. Se mantuvo una especie de status quo sin sanción constitucional hasta los intentos centralizadores de Cánovas del Castillo.
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