Fue una sublevación militar en España que supuso el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y el inicio del Sexenio Democrático.
Durante los últimos años del reinado de Isabel II se produjeron varios hechos que hacían presagiar el final del mismo. En primer lugar, era notorio el desprestigio de la propia reina y de la Corte. En abril de 1865 se produjo la famosa «noche de San Daniel». Ante un artículo de Emilio Castelar que criticaba a la reina por no haber cedido su patrimonio para reducir la deuda pública, este fue separado de su cátedra, provocando la repulsa de los universitarios y una fuerte represión. En enero de 1866 tuvo lugar la sublevación del general Prim, que fracasó, mientras que en junio estalló la sublevación del cuartel de San Gil, fuertemente reprimida.
El Pacto de Ostende, firmado en 1866, unió a progresistas y demócratas contra el sistema isabelino. A la muerte de O’Donnell, los unionistas se incorporarían al mismo. En 1868 moría Narváez, y la reina perdía a su principal valedor.
El 17 de septiembre de 1868, la revolución se iniciaba con la sublevación del almirante Topete en Cádiz, apoyado por Prim (progresista) y Serrano (Unión Liberal). El movimiento se extendió por toda España con levantamientos populares y organización de juntas revolucionarias locales. Serrano venció al ejército gubernamental en Alcolea, y la reina partió hacia Francia. Se constituyó un Gobierno Provisional, presidido por el general Serrano, que convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal para enero de 1869.
Sin embargo, bajo la aparente unidad de los protagonistas de la revolución había dos grandes bloques sociopolíticos. Por un lado, estaban los progresistas, unionistas y demócratas moderados, cuya base social estaba formada por la clase media que se identificaba con los planteamientos del Gobierno Provisional, aspirando a un cambio meramente político con un régimen más abierto y representativo que el isabelino, pero sin planteamientos sociales radicales.
Por otro lado, se encontraban los republicanos, escindidos del Partido Demócrata. Contaban con el apoyo popular. Pretendían cambios políticos más profundos, como el establecimiento de la República y la defensa de un programa de reformas socioeconómicas profundas. Sus propuestas coincidían con las de las juntas revolucionarias, disueltas por el Gobierno provisional.
Los votantes ofrecieron la mayoría absoluta a las fuerzas gubernamentales: unionistas, progresistas y demócratas monárquicos, con 236 escaños. Lejos quedaron los republicanos y los carlistas, con 80 y 20 diputados, respectivamente. De estas Cortes resultaría la Constitución de 1869, la primera democrática española. Se reconocía una avanzada declaración de derechos individuales: derecho a la participación política, sufragio universal masculino, libertad de imprenta, libertad de culto ––aunque la nación estaría obligada a mantener el culto y a los ministros de la religión católica––, derecho de reunión y de asociación.
Claramente se establecía la soberanía nacional. El sistema político se sustentaría en una nítida división de poderes, siendo el legislativo bicameral. La forma de Gobierno de España seguía siendo la Monarquía, pero las Cortes, como máximo órgano representativo de la nación, tendrían toda la función legislativa y de control al Gobierno, limitándose el poder de la Corona, al contrario de lo que ocurría en el régimen isabelino de soberanía compartida.
Aprobada la Constitución, Serrano fue nombrado regente, y Prim, jefe del Gobierno. Los objetivos eran buscar un monarca, y frenar la insurrección en Cuba iniciada en 1868, además de las sublevaciones de los republicanos, desengañados por la falta de soluciones para la cuestión social y por el establecimiento de una Monarquía.
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