El Abrazo de Vergara selló una dura guerra civil y permitió la consolidación definitiva del Estado liberal en España. Para entender ese conflicto debemos acudir a una parte de la crisis del Antiguo Régimen.
En 1789 se aprobó, aunque no se publicó, la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica, introducida por los Borbones para la sucesión a la Corona. Esta ley impedía reinar a las mujeres. En 1830, Fernando VII publicó la Pragmática Sanción, lo que permitía la sucesión femenina de acuerdo con lo establecido en el régimen de las Partidas. En octubre de ese año nacía la primera hija de Fernando VII y de María Cristina de Borbón, la futura reina Isabel II, pasando Carlos María Isidro, hermano del rey, al segundo lugar en el orden sucesorio.
La presión y protestas de los realistas llevaron a los sucesos de La Granja del verano de 1832. Los absolutistas, aprovechando la crisis de salud que estaba atravesando Fernando VII, lograron convencer a este para que firmase la derogación de la Pragmática Sanción, lo que suponía que su hija no podría reinar. Pero al recuperarse, el rey anuló el decreto, cambió el Gobierno por otro de signo moderado y dejó como heredera a su hija Isabel. El Gobierno de Cea Bermúdez optó por una tímida apertura hacia los liberales y destituyó a todos los elementos carlistas o muy absolutistas. También se otorgó una amnistía que permitió que muchos liberales exiliados regresasen a España.
El carlismo
El carlismo ya llevaba años fraguándose. En mayo de 1833, Carlos María Isidro y su familia se exiliaron en Portugal. Se vislumbraba una guerra civil. En septiembre de ese año moría el rey, y una niña de dos años era proclamada reina de España. Este movimiento, el carlismo, como opción dinástica, apoyaba las pretensiones al trono de Carlos María Isidro frente a la línea sucesoria femenina representada por Isabel II.
El carlismo fue un movimiento cuyos orígenes se sitúan en la época del Trienio Liberal con la Regencia de Urgel y la Guerra de los Agraviados en Cataluña, pero su desarrollo se producirá tras la crisis sucesoria y la muerte de Fernando VII.
En el plano ideológico, el carlismo abogaba por el mantenimiento de las estructuras del Antiguo Régimen, oponiéndose así a la revolución liberal. El ideario carlista era difuso y no plenamente estructurado como en el caso del liberalismo. En todo caso, se defendía el absolutismo monárquico, la restauración del poder de la Iglesia y la defensa de un catolicismo excluyente.
El carlismo suponía un evidente rechazo de las reformas liberales establecidas en las Cortes de Cádiz y en el Trienio Liberal. También hay que señalar una cierta idealización del mundo rural frente al urbano. El carlismo siempre tuvo más implantación en el campo que en las ciudades. La defensa de las instituciones y fueros tradicionales vascos, navarros y catalanes frente a las pretensiones liberales de uniformidad política y jurídica de España sería otra de sus características.
El carlismo tuvo una base social heterogénea. En primer lugar, destacó el apoyo de una parte considerable del clero, que percibía el liberalismo como el gran enemigo de la Iglesia y la religión. Después estaría la pequeña y mediana nobleza, especialmente la del norte de España y, por fin, amplios sectores del pequeño campesinado que veían amenazada su situación económica por las reformas liberales más encaminadas hacia el fortalecimiento de la gran propiedad y el fin de las tierras comunales.
En cuanto al ámbito geográfico, el carlismo arraigó en las zonas rurales de las tres provincias vascas, de Navarra, parte de Aragón, en la Cataluña interior y en el Maestrazgo. El carlismo desencadenó tres conflictos armados, los dos primeros durante el reinado de Isabel II.
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